“Lo importante es que las propias personas con discapacidad adquieran protagonismo en la defensa de sus derechos”

¿De qué se ocupa el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad?

El Observatorio se ocupa del monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad a lo largo y ancho del país, en función del seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas. Por este motivo, el Observatorio está integrado por diferentes grupos de trabajo que monitorean cada uno de los artículos de la convención. Tanto en educación, salud, accesibilidad, empleo y los temas relevantes que hacen a la inclusión de las personas con discapacidad. El Observatorio se creó en 2012, pero yo soy la titular desde el año pasado por designación de la Presidenta de la Nación.

¿Reciben denuncias ahí?

Tenemos una página en Facebook: https://www.facebook.com/ObservatorioNacion Cuando se trata de discriminación el organismo competente para recibir denuncias y tramitarlas es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): 0800-999- 2345 (que es gratis y funciona las 24 horas). Nosotros lo que hacemos es un seguimiento y un informe de cada uno de los temas. Como apuntamos a desarrollar un seguimiento activo, estamos impulsando para todo el país la creación de observatorios locales para que sean las propias personas con discapacidad, y sus organizaciones no gubernamentales, los protagonistas en la construcción del planeamiento estratégico de las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales para lograr el cumplimiento de los derechos. Cuando hay una situación de incumplimiento lo que intentamos hacer es tender un puente de diálogo con el organismo responsable. Si es en materia de salud, con la Superintendencia que se ocupa de analizar y sancionar las acciones de las obras sociales y prepagas, si es un hospital de un municipio le damos el alerta al Ministerio de Salud de la Nación, que es el que transfiere los fondos, para que reclame o sancione el incumplimiento. Si es un tema de educación, como está descentralizada del ámbito Nacional, tratamos de comunicarnos con la provincia de la que se trate para acompañar desde el grupo de trabajo a la educación inclusiva.

Imaginemos que una persona en silla de ruedas quiere acceder a una Biblioteca Nacional, por ejemplo, y encuentra que las condiciones no estan dadas para hacerlo. ¿Qué puede hacer?   

Por un lado, el INADI tiene un mecanismo de resolución rápida de los conflictos. En ese caso, se encarga de llamar a la Secretaría de Cultura de la Ciudad para que se haga la rampa que corresponde.

Si en lugar de ser un ámbito público corresponde a un emprendimiento privado, como puede ser un shopping. ¿Cómo podría actuar cuando el acceso no esté adaptado?

En ese caso depende de la normativa de cada municipio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una Ley de Accesibilidad. A partir de la vigencia de esa ley para un edificio de uso público, aunque sea privado, tendría que estar adaptado. Motivo por el cual se debería actuar de la misma forma: INADI, resolución rápida de los conflictos y, por supuesto, como lo estamos haciendo ahora de modo emblemático, con acciones de amparo o denuncias penales contra los inspectores de la Ciudad que han habilitado de manera ilegal distintos negocios que deberían ser accesibles y no lo son. Porque son posteriores a la ley. Por ejemplo, hicimos una acción en la puerta de la pizzería Banchero porque allí se hizo una refacción y no se cumplió con la prioridad de la ley. El Observatorio no tiene un equipo de abogados propio como para tomar todos los casos, como sí lo tiene el INADI. Lo único que podemos hacer es tomar algún caso emblemático para generar desde ahí el efecto demostración. No tenemos capacidad para más.

¿Considera que la Ley de Discapacidad se cumple? 

Hay cosas que sí y cosas que no. De todos modos, hemos avanzado muchísimo. Considero que lo más importante es que vayan adquiriendo protagonismo las propias personas con discapacidad en la defensa de sus derechos, y eso es lo que construimos desde el Observatorio. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, realizamos una campaña junto a las propias personas con discapacidad para hacer una ciudad inclusiva y accesible. En ese sentido, para nosotros es fundamental el trabajo que estamos haciendo con ellos. De esta forma es cómo vamos conquistando derechos y planteando educación inclusiva, accesibilidad, distintas acciones, teniendo entrevistas con funcionarios nacionales y en cada provincia para señalar lo que falta. Pero es en base a la participación y movilización de los propios protagonistas de construcción de ellos como sujeto colectivo.

Sobre el cierre de la comunicación telefónica, la funcionaria nos contó que estaba llegando al Hogar Septiembre, dedicado a personas con discapacidad. Los dueños de esta institución se  disponían a desalojar a los pacientes y posteriormente a cerrarlo. Con lo cual, nos adentramos en la situación. 

El Hogar Septiembre funciona en Mario Bravo 945. Ha tenido reiteradas fallas, por lo cual el Servicio de Rehabilitación dice que no puede seguir funcionando por razones edilicias y por fallas con el personal. Y los particulares, en lugar de adecuarse al mandato del Servicio Nacional de Rehabilitación, lo que han hecho lamentablemente es decidir cerrar. Es un escenario difícil  porque son pacientes internados con historias complejas y el PAMI no les da solución. Ahora la intervención de CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas) consiguió que no cierren hasta mediados de mayo, pero lo que creo que debe ocurrir, y vamos a impulsar a través de un proyecto de ley es expropiar el inmueble. Conversaremos con el personal para ver si ellos quieren convertirse en cooperativa y la idea central sería que el hogar pueda seguir siendo gestionado, con las modificaciones que el Servicio de Rehabilitación propuso, para que brinde el servicio a las familias. En caso contrario tendríamos que exigirle al Gobierno de la Ciudad que se haga cargo de gestionarlo. Lo que pasa es que no hay hogares de estas características en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que le plantean a la gente es que vayan a un hogar en Lomas de Zamora. Sería dramático para las familias tener un familiar internado tan lejos, y esto hace no sólo al derecho de los familiares sino también al del paciente y la privación del contacto con su familia que esa decisión implicaría.